La difícil paz territorial
“Cierra, o lo cerramos”, fue el mensaje en persona que recibieron muchos tenderos en Santa Marta, el pasado fin de semana, en cumplimiento del paro armado de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o más conocidas como los Urabeños. Sin duda, el miedo funcionó en el Magdalena, Sucre, Córdoba y Antioquia. Lo sucedido hace unos años volvió a ocurrir. Ello demuestra que el Estado en estos territorios del Caribe y el Pacífico es débil, sin capacidad de disuasión. Se veían pocos policías en los barrios de la vecina Santa Marta. Los portadores del mensaje parecían no tener problemas para desplazarse en automóviles.
Para el ciudadano común es claro que la seguridad ciudadana sigue su deterioro, a pesar de los esfuerzos heroicos en vidas y recursos de las Fuerzas Armadas. Ello ha erosionado el apoyo al Gobierno, a pesar de las buenas noticias de la apertura del diálogo con el ELN, con negociadores altivos, que nos indican que este camino va a ser más pedregoso que el de las Farc. La paz no parece estar a la vuelta de la esquina.
Cuando en agosto del 2007, en plena época uribista, se nos vendió el concepto de bacrim, creíamos que el fenómeno paramilitar había terminado. Ahora, las denuncias sobre el resurgimiento del paramilitarismo son claras, y el asesinato de líderes sociales y de oposición se ha reiniciado en el 2016, ante la impotencia de las autoridades. Hasta la Embajada de Estados Unidos ya llamó la atención sobre el fenómeno. Un ensayo de León Valencia, “Las bandas Criminales y el postconflicto”, en el libro –de obligatoria lectura– Los retos del postconflicto, escrito con Ariel Ávila, nos obliga a hacer un aterrizaje forzoso en nuestra dura realidad. Allí se señala que la desmovilización paramilitar fue parcial, pues los reductos que quedaron se reorganizaron, se adaptaron y evolucionaron hacia formas organizativas más descentralizadas y autónomas, a la vez que diversificaron sus negocios, combinando minería ilegal con narcotráfico, microtráfico, extorsiones, robo de celulares, robo de vehículos, etc. Es toda una organización empresarial mafiosa. Hablar de negociación política con estos grupos no tiene sentido. Solo les queda el sometimiento a la justicia. Tienen un control social y político en los territorios y está demostrado que financiaron campañas políticas. Los ciudadanos debemos leer el informe publicado por Semana el 5 de marzo, “En las entrañas del monstruo”, para entender cómo está funcionando la política y la contratación en los territorios. En una democracia comprada, el terreno es fértil para estos grupos. Este ciclo de violencia que parece reactivarse nos indica que puede ponerle palos en la rueda al frágil proceso de paz, pues la vida de los excombatientes estará en la línea ante un Estado débil, clientelista y bastante corrupto en los territorios. La tarea es bien difícil.
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