¿Intervención para qué?
“Es mejor encender una vela que maldecir la obscuridad”.
Confucio
Para nadie es un secreto que la situación planteada en la Región Caribe en relación al suministro de energía eléctrica amerita una acción contundente por parte del Gobierno, y así lo entendí al asumir la cartera de Minas, Energía e Hidrocarburos. Una y otra vez se ha solicitado la intervención de la empresa operadora del servicio, Electricaribe, como la solución.
Sin embargo, es evidente que la intervención es una salida por la puerta falsa, evasiva, demagógica. Quienes la están promoviendo y amenazan con un paro cívico en La Guajira si no se da dicha intervención solo aspiran a montarse en la cresta de la ola de la inconformidad con Electricaribe y capitalizarla políticamente.
Si el ábrete sésamo para la solución de la problemática de la prestación del servicio de energía en la región fuera la intervención, esta hace rato se habría dado. De acuerdo con la consultoría que para el efecto adelantó la experta Carmenza Chahín (Alternativas para garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe) el nudo gordiano no es administrativo, sin que ello quiera decir que no hay problemas administrativos, sino operativo, y este a su vez se debe al rezago histórico en inversiones que han debido hacerse y por distintas razones (que están documentadas en el trabajo realizado) no se hicieron en su momento.
Si se quiere, entonces, superar los problemas estructurales del sistema energético en la Región Caribe lo que hay es que ejecutar las inversiones requeridas, y es eso lo que se busca con el plan de choque que nosotros pusimos en marcha a través de las resoluciones 9 0506 y 9 0604 de 2014 del MME y las resoluciones 079 y 093 de 2014 de la Creg. Mediante estos actos administrativos lo que se busca es anticipar la ejecución de los proyectos que se necesitan, mediante convocatorias exprés, para darle mayor firmeza y confiabilidad a la prestación del servicio, reduciendo las restricciones y las pérdidas.
Claro que, a la par de la ejecución de estas obras que por más de USD600 millones de inversión están en marcha (entre ellas el anillo Riohacha-Cuestecitas-Maicao-Riohacha), además de las que pusimos en operación recientemente (entre ellas las subestaciones de Rotinet, Atlántico; otra en Bonda, Santa Marta, y otra en Uribia, La Guajira, amén de las de La Sierpe, en La Mojana, y la del aeropuerto de Santa Marta), además de los proyectos que fueron adjudicados en los últimos días (la línea Bolívar-Cartagena, la que unirá a Chinú-Montería-Urabá), la Superintendencia ha venido ocupándose de aquello que es de su competencia, esto es, lo que hace relación a la gestión administrativa de la empresa, la prestación del servicio por parte de esta y la atención de las quejas y reclamos por parte de los usuarios. Ello sin hacer mención del plan piloto que dejamos en proceso de estructuración, tendiente a alcanzar la más amplia cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en toda la Región Caribe, el mejoramiento en la calidad del mismo, su normalización y de contera el alivio tarifario para los estratos de menores ingresos, empezando por la revisión del consumo básico de subsistencia.
La intervención que se plantea, ¿a qué se reduce?, simple y llanamente a remover la administración actual y designar en su lugar un gerente interventor por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la fiebre no está en las sábanas; el interventor puede ser Mandrake, pero sin que se resuelvan los problemas estructurales ya mencionados, por muy buena voluntad que tenga (nos recuerda Óscar Wilde que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno) con ello no va a mejorar la calidad en la prestación del servicio, que es de lo que se trata. Eso es tanto como cambiarle conductor a un chócoro que se vara cada rato, como si su pericia pudiera suplir la reparación del motor del vehículo, que es el que no funciona.
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