Un viaje a La Habana abierta y descaradamente ilícito, un Presidente que auspicia el viaje de uno los criminales más perseguidos en la historia de la lucha contra las Farc, y un Fiscal que más parece ministro del gabinete que jefe del ente investigador, son claros indicios de lo que el Gobierno puede estar dispuesto a ceder a cambio de un proceso de paz. El hecho que los colombianos queramos la paz y se haya manifestado una voluntad de apoyo a este proceso en las pasadas elecciones, no implica que el Gobierno tenga una carta abierta para maniobrar con el ordenamiento jurídico como mejor le plazca a fines de sacar adelante un complicado proceso de paz con las Farc. El viaje de Timochenko a La Habana sin el levantamiento de las órdenes de captura que operan sobre él, es  una muestra de que el Estado colombiano se encuentra amarrado a la voluntad del Gobierno y que todo lo justifican bajo la bandera de la paz.

Es inaudito que el Presidente considere que en materia del proceso de paz él tiene la última palabra y que en aras de favorecer el realismo político, que es preponderante en este proceso, sea posible pasar por encima de la legalidad y permitir el viaje de Timochenko a las mesas de negociación, sin siquiera ser este un delegado de las Farc en las mesas. En Colombia al parecer la ley y el orden están secuestrados por el Presidente omnipotente cuando de paz se habla, y por el Fiscal que se ha dedicado a tiempo completo a solapar la voluntad de Santos y a lo que este o su Gobierno defiendan.

No se necesita un amplio debate de razonamiento para entender que ni siquiera cuando de paz se habla podemos permitir que el fin justifique los medios, pues si lo que se quiere es que las Farc abandonen la lucha armada y sean reintegrados a la sociedad civil, no podrá hacerse de forma diferente a la establecida por la ley. Es menester del Gobierno procurar la seguridad y alcanzar la paz, pero dentro del marco  que establece el orden jurídico y constitucional, por lo que pisotearlo con la barata excusa de que todo se puede en este proceso es un actuar inadmisible y desafortunado por parte del Presidente.

No solo es alarmante el ilícito viaje de este criminal a La Habana sin el previo levantamiento de las órdenes de captura, también lo es la posibilidad de que en las mesas de negociación se esté planeando la artimaña de hacer que delitos como el narcotráfico, o crímenes de lesa humanidad como la prostitución forzada o la esclavitud sean declarados como delitos conexos a un delito político. Delitos que no tienen la menor relación con actos de rebeldía serían juzgados como delitos políticos a fines de permitir que a pesar de una condena judicial miembros de las Farc puedan participar en política. Este criterio tiene el visto bueno de Montealegre y si la Corte Constitucional no es clara en la aplicación de este criterio o se hace la de la vista gorda, quedaríamos verdaderamente jodidos.
@tatidangond