Fragilidad de las políticas públicas
Parece que cuando en Colombia el Gobierno anuncia algo, uno debe prepararse exactamente para todo lo contrario, pues la dura realidad se termina imponiendo por encima de las pretensiones de las políticas públicas.
Hasta hace poco se nos decía que la inflación estaba controlada, y que el crecimiento económico colombiano, aunque bajo, era el mejor de América Latina. Ahora resulta que el Banco de la República elevó la tasa de intervención en medio punto, a pesar de la oposición presidencial, por el desborde que ha tenido la inflación doméstica hasta llegar casi al 6% al terminar el año, afectando la negociación salarial próxima. Se nos decía que no debíamos preocuparnos por la excesiva devaluación del peso, que debíamos dejar actuar al “mercado” (¿los especuladores del mercado cambiario?), y solo cuando ya el desborde era evidente se autorizó una modesta intervención que era necesaria desde hace meses. Lo peor del caso es que contra todos los analistas áulicos de la ortodoxia monetaria, de nada servirá el enfriamiento monetario ante una inflación que tiene origen en un shock de oferta por el fenómeno de El Niño, y la presión inflacionaria de la tasa de cambio. Lo que sí será seguro es que la economía colombiana se seguirá desacelerando y las tasas de desempleo ya empezaron a subir.
En el caso del sector energético, la desconfianza debe cundir. A pesar de una sequía anunciada hace tres años, se nos decía que el sistema eléctrico estaba “blindado” por las normas de la sabia Creg, con un cargo por confiabilidad que nos sacó del bolsillo, en las tarifas, casi $18 billones de pesos. Se nos aseguró que la pesadilla del pasado no se repetiría. Pero el diablo está en los detalles. Nadie ha podido saber en qué se usaron esos recursos, y a pesar de la anunciada investigación de la Contraloría General de la República, el director de la Creg sale presuroso a defender a las térmicas privatizadas, diciendo que dicho recurso no es público, y que por tanto, es un asunto privado de las centrales. La lógica indica que si bien no se trata de un impuesto, es el resultado de una medida de política pública que favoreció a un sector que prometió ser confiable, y que ahora sale con que no puede operar porque el diésel es muy caro, y el gas está escaso. Nos inventan la historia que ese cargo era para construir capacidad y no operatividad, y que los errores de planeación y regulación los debemos pagar los consumidores, sobre todo los del Caribe. Pero, ¿quienes son los dueños de las térmicas, que tanto se han beneficiado de nuestros pagos en la tarifa? Según El Tiempo (Nov. 1, p.17), son grupos financieros domésticos e internacionales, que disfrutaron del cargo para “su confiabilidad” y ahora, en los tiempos difíciles alegan que están al borde de la quiebra. Lo que es peor, es que a pesar de las alzas en las tarifas, no estamos a salvo de otro apagón. El neoliberalismo introducido en el sector eléctrico, al igual que en la salud y otros sectores, nada garantiza. Se nos cuela la fragilidad de los mercados. En síntesis, con un Estado débil en su proceso de regulación, que termina capturado por los “regulados”, resulta riesgoso dejar sectores claves de la economía en manos de la lógica del mercado. Aquí tal vez se necesita más Estado y menos mercado. Es hora de replantear el diseño institucional de muchas áreas consideradas sagradas en las políticas públicas colombianas.
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