Eufemismo patente
Un país que históricamente ha desconocido las garantías y libertades que le asisten al periodista demuestra una vez más que los eufemismos, la negligencia y el letargo estatal son trabas espinosas a la libertad de prensa, y una amenaza patente a la vida del periodista. “Incomunicada” y “retenida” parecen ser los nuevos términos que entran a conformar el diccionario de la lengua minimizadora del conflicto armado colombiano, que pretenden darle una menor dimensión a un asunto que merece ser tratado con el máximo accionar del Estado: la desaparición y posible secuestro de la periodista Salud Hernández. Si bien el presidente ha anunciado que los altos mandos del Ejército se encargarán de la situación y que se le ha dado el mismo tratamiento que a un secuestro, la calificación equivocada y simple que le ha dado a los recientes hechos contra la libertad de prensa en el Catatumbo dan cuenta de que el Gobierno no ha desplegado las medidas verdaderamente adecuadas para garantizar la libertad de la periodista española.
Uno de los puntos más graves del mal manejo que le ha dado el presidente a este asunto es que mientras el ELN no se ha pronunciado sobre el paradero de Salud, ni siquiera para negar la teoría del secuestro, el Gobierno ha seguido adelante en los diálogos con el grupo armado, demeritando la importancia que debe tener la libertad, y en particular, el respeto al ejercicio libre del periodismo.
A pesar de que las alarmas se prendieron por la desaparición de Salud Hernández, las situaciones de riesgo y ausencia estatal en la zona del Catatumbo no se han visto contrarrestadas, por lo que la libertad y seguridad de otros periodistas que han ido a la zona para cubrir la noticia se ha visto afectada, como se muestra con el secuestro del periodista Diego D’Pablos y de su camarógrafo Carlos Melo.
No se puede delimitar geográficamente el ejercicio del periodismo, pues ello sería ir en contra de su naturaleza investigativa e informativa, pero lo que sí se puede es implementar un sistema de seguridad y de alertas tempranas que tengan mecanismos de protección efectivos y especiales para garantizar la libertad y proteger la vida de quienes trabajan en el periodismo en las diferentes zonas que conforman la extensa Colombia. En Colombia, desde 1977 hasta 2016 han asesinado a 152 periodistas, y la cifra de amenazas y secuestros es aún mayor.
Si se quiere llegar a la paz, y que el fin del conflicto se materialice en todos y cada uno de los rincones del país, no se puede impedir con la excusa mediocre de la inseguridad que los periodistas cumplan con su labor, y que investiguen e informen los hechos que se desarrollan en las regiones más afectadas por el conflicto. El Gobierno debe exigir sin excepciones ni reparos, que para la consecución de diálogos y procesos de paz sean una condición innegociable el respeto a la libertad de expresión y de las garantías a la prensa.
@tatidangond
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