España lava la ropa sucia
Ver los telediarios en España estos días es una experiencia desoladora. Las noticias están dominadas por los interminables casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos. El martes un juez imputó a Ángel Acebes, antiguo número dos del Partido Popular (PP), hoy en el gobierno, en relación con la supuesta contabilidad en negro del partido durante años. El mismo día ingresó en prisión el expresidente del FC Barcelona. Lo mismo les puede pasar a varios directivos de cajas de ahorro, cuyo hundimiento contribuyó a la actual crisis del país. El anterior presidente de Baleares, Jaume Matas, también del PP, ya está en la cárcel por estafas y corrupción. El cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, está metido igualmente en un proceso por corrupción. Los sindicatos y el partido socialista están acusados de haber estafado millones en ayudas públicas para los parados en Andalucía. Los catalanes asisten algo atónitos al desmoronamiento del que fuera padre de la patria, Jordi Pujol, que ha admitido fraude fiscal masivo y cuyo clan familiar supuestamente se ha enriquecido a través de un sistema generalizado de comisiones con contratos públicos durante años. Pero lo que más convulsiona actualmente a la opinión pública es el escándalo de las tarjetas opacas de Bankia, el banco cuyo rescate le ha costado 23.000 millones de euros al contribuyente. Durante años, 86 altos cargos y consejeros gastaron millones con una tarjeta de crédito que les facilitó la entidad, sin necesidad de declarar los gastos ni pagar impuestos por ellos. El caso deja en evidencia a los tres grandes partidos –PP, el socialista PSOE e Izquierda Unida–, los sindicatos y la patronal: todos ellos habían nombrado las personas que se gastaban el dinero de la tarjeta para fiestas, viajes de lujo, ordenadores y otros caprichos.
El ciudadano común no da crédito y se hace la pregunta: ¿Es España un país corrupto? Al juzgar por la gran mayoría de la gente la respuesta es no. No se le ocurra intentar comprar favores a un funcionario público o a un policía. Lo que es evidente, sin embargo, es que durante años una parte de la clase política y empresarial vivía sin preocupación por la ética, con una sensación de total inmunidad y guiado por el todo vale. El problema es que los mecanismos de control del poder público en España son, a todas luces, deficientes. Lo bueno es que casi todos los escándalos que han salido recientemente se remontan a los años dorados del boom inmobiliario. Ahora parece que los políticos empiezan a comprender y rectificar. El escándalo de las tarjetas de Bankia ha desencadenado la mayor avalancha de dimisiones que se recuerda en España. Los partidos han echado a militantes involucrados e incluso un peso pesado como el exministro Rodrigo Rato, que fue presidente de Bankia, ha renunciado a su militancia en el PP. El arrepentimiento, aunque tarde, es bienvenido. Pero para que sea creíble, los partidos deben mejorar el sistema para que estos escándalos no vuelvan a producirse.
@thiloschafer
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