La Costa Caribe, y en especial Barranquilla, gracias al apoyo del presidente Juan Manuel Santos, de su vicepresidente, Germán Vargas, y de las ministras de Transporte, anterior y actual, Cecilia Álvarez y Natalia Abello, pero en especial a la tenacidad, insistencia, perseverancia, credibilidad y confiabilidad que tienen nuestros mandatarios, Elsa Noguera y José Antonio Segebre, es y será destinataria de grandes inversiones en infraestructura que, por el tamaño de las mismas, generarán o deberán generar un movimiento positivo en la economía de la región y se constituirán, además, en fuentes de muchos empleos.

Para que ese empleo e impacto positivo en la economía quede en la región es necesario impulsar desde ahora convenios y espacios de concertación con las autoridades, universidades, institutos de enseñanza, Sena y comunidades locales que garanticen la vinculación de la mano de obra local a dichos proyectos –y, si es posible, en condiciones de igualdad– y preferencia por los proveedores de la región, no solo como parte de una política de responsabilidad social de las firmas ganadoras de los contratos, sino como una obligación que incluso debería quedar contemplada en las licencias ambientales que dichos proyecto pudieran requerir.

Nada extraño debe sonar la anterior petición, porque -de hecho- en el mes de febrero la vicepresidencia de la República presidió la firma de dos convenios entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los concesionarios a cargo de la construcción de las autopistas de Cuarta Generación, 4G, que ha adjudicado el Gobierno Nacional, que tienen como objetivo capacitar a miles de personas en operación de maquinaria pesada, construcción, obras civiles, topografía, interpretación de planos, medio ambiente y seguridad, las cuales posteriormente serán vinculadas a los proyectos que se desarrollarán en Antioquia y Cundinamarca.

Peticiones en el mismo sentido presentaron los municipios de Barrancabermeja, Villavicencio y Castilla, entre otros, que culminaron con la expedición de un decreto y una resolución que determinan que la totalidad de la mano de obra no calificada que sea contratada para laborar en los proyecto de exploración y producción de hidrocarburos debe ser del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto.

Pero, además, la ley por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia sobre la contratación con recursos públicos obliga a que, en los pliegos de condiciones, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública dispongan  de mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de obras, bienes y servicios (Mipymes), así como de mano de obra locales o departamentales.

Bienvenidas y apoyadas son todas las obras de infraestructura que impulsan el desarrollo de la región y de la ciudad, pero mucho más, todos los convenios –como el citado– que se puedan implementar a fin de que se garantice en la ejecución de los mismos la mano de obra del municipio o del área impactada por el proyecto, pero además el concurso de nuestras mipymes como proveedoras de bienes y servicios.

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