He leído una y otra vez el testimonio del abogado Víctor Pacheco –publicado por la revista Semana–, y coincido con la versión que está tomando fuerza en varios medios de comunicación, acerca de un aparente complot que buscaba tumbar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Como la vuelta salió mal, terminaron destapando un escándalo de tráfico de influencias en las decisiones de las altas Cortes.

Desesperado por la embestida de la Fiscalía y el matoneo de varios periodistas y medios de comunicación, el magistrado Pretelt, en su legítima defensa y en un acto de máxima desesperación, propuso al país que los magistrados, el abogado Pacheco y el fiscal Montealegre se sometieran al polígrafo para saber quiénes mienten y quiénes dicen la verdad. Con ello, se destapaba la olla podrida en la Justicia y se le ponía freno a este triste y vergonzoso episodio. Si Pretelt no hubiese sido el presidente de la Corte, tal vez nunca se hubiera conocido este escándalo. El magistrado era una piedra en el zapato para ciertos temas del proceso de paz y en la elección del nuevo registrador.

Nerviosos por el reto del magistrado Pretelt y desesperados por encontrar una estrategia que mitigara el daño causado a la Corte por el escándalo, los magistrados salieron con la disparatada idea de realizar una rendición de cuentas pública que después, cuando se dieron cuenta del oso que iban a hacer, convirtieron en privada. Esta declaración me puso a pensar: ¿Quiere decir que van a revisar fallos de manera pública y a corregir sus efectos? Si fuese así, ¿qué fallos van a revisar? ¿Será que nos dejan llevar fallos que fueron rechazados porque sus abogados no pagaron ‘peaje’?

Con la salida en falso de los magistrados en cuestión, el Gobierno Nacional optó por lanzar un globito al aire proponiendo la creación de un tribunal de aforados nombrado por el presidente de la República. La estrategia dio resultado y los congresistas, que andaban aburridos con el debate del Plan de Desarrollo, comenzaron a debatir la idea y con ello distrajeron a los medios de comunicación que comenzaban a presionar y posicionar la idea del polígrafo.

Entre tanto, el fiscal Montealegre abrió investigación al magistrado Pretelt y a su esposa por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos y delitos de lesa humanidad. Por un momento pensé que se trataban de imputaciones a algún jefe de la guerrilla o que era una amenaza de Diosdado Cabello contra un opositor en Venezuela.

Al indagar sobre las normas de ‘victimas y restitución de tierras’ observé que la Ley 1448 de 2011 –ley especial de carácter transicional–, establece que ninguna autoridad puede condenar a determinada persona por un presunto caso de despojo. En este caso se estaría violando el debido proceso y la presunción de inocencia como derechos fundamentales inherentes a cada persona y especialmente protegidos por nuestra Constitución Nacional.

Aquí, el que esté libre de pecado que le preste el celular y el portátil cinco días al procurador.