El equilibrio de poderes
La Constitución de un país es la institución formal más importante de una nación, pues define las reglas de juego en el funcionamiento del Estado y la sociedad. Es la expresión de un contrato colectivo entre los ciudadanos y reflejo a su vez de la estructura de poder en una sociedad. La Constitución, más las reformas que ella sufra, además de los fallos constitucionales, constituye lo que el economista institucionalista John R. Commons definía como su teoría del valor razonable, pues en últimas las cortes definen al final qué es lo que una sociedad debe considerar como ‘valioso’ para la misma.
Por ello, la reforma del equilibrio de poderes que cursa en el Congreso es clave, pues aunque no equilibra el poder entre los ciudadanos de a pie y los poderosos de este país, al menos resuelve el problema de recuperar el balance constitucional de la Constitución del 91, y reforma algunas fallas de la misma. Contra lo que comúnmente piensa el ciudadano, pienso que los partidos han hecho un buen trabajo en el Congreso, aunque no se ha logrado todo lo deseado. En primer lugar, se elimina la reelección presidencial y la de cualquier alto cargo, pues ello ha generado abusos de poder, corrupción y clientelismo descarado. Eso se refleja a todos los niveles del Estado, y donde es permitida, así sea con funcionarios ‘encargados’, muy pronto se desata la carrera por capturar las posiciones en juego. En segundo lugar, se crea la Comisión de aforados, la cual remplaza la inútil Comisión de Acusaciones del Congreso para cargos de alta envergadura, tal como magistrados y fiscal. En las democracias modernas, solo el presidente es aforado por la razón de su cargo, pero acá todo el mundo se quiere ‘aforar’, es decir, protegerse de los procesos judiciales de sus actos. A pesar de la desesperación del fiscal, un buen grupo de funcionarios del poder judicial ha rechazado la salida de la constituyente para el poder judicial, pues sabemos que es una caja de Pandora, precisamente cuando se negocia la paz. No se puede estar cambiando las constituciones a cada rato. Me temo que, en unas elecciones a esta constituyente, no serán las fuerzas progresistas las triunfadoras, sino todo lo contrario. En tercer lugar, toca suprimir el inútil Consejo Superior de la Judicatura, pues nadie entiende cómo un órgano administrador de la justicia se volvió un conjunto burocrático de togados. Ha servido para el carrusel de magistrados, esencialmente. Aquí toca rediseñar el sector, donde los actores de la justicia en las regiones puedan participar.
Lo interesante de este proceso es que ha habido consenso de los partidos de izquierda, centro y derecha. Se ha acordado un mecanismo más transparente para nombrar la Comisión de Aforados, con abogados competentes mediante meritocracia y legitimidad. Aunque en nuestro país las cosas se tuercen por el camino, la reforma es necesaria y pertinente. Falta mucho. Pero los ajustes institucionales deben darse poco a poco, mediante un proceso de prueba y error, con el mínimo de traumatismo para el país. Los ciudadanos debemos estar vigilantes, pero hay que evitar el escepticismo y el nihilismo. Nos compete a todos.
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