El carnaval de La Habana
Ya calmada la tempestad propia de los anuncios de última hora relativos al proceso de paz con las Farc, es necesario que fuera de los apasionamientos alimentados de revancha y de resentimiento enceguecedor, se analice en frío el posible acuerdo sobre justicia con la guerrilla de las Farc. Ciertamente, los acuerdos de La Habana han sido un carnaval de declaraciones contradictorias entre lo que dicen los negociadores, lo que interpreta Timochenko y lo que opina Uribe –quien siempre tiene que meter la cucharada como si fuera un dios refrendador–; pero, hay elementos que como sociedad vale la pena meditar, más allá de los puntos concretos que siguen siendo secreto de Estado.
Frente a la creación de una jurisdicción especial para la paz basada en un modelo de justicia restaurativa, cabe aclarar que no toda pena o condena penal debe pagarse en un establecimiento penitenciario en estricto sentido, pues bien pueden haber penas restrictivas de la libertad que no se traduzca en cárcel, así como también penas alternativas que sirvan para la consecución de un exitoso proceso de paz. La oposición, que equivocadamente se cree la defensora de los derechos de las víctimas, desconoce las ventajas de lograr que los condenados, en vez de estar confinados hasta su vejez en un centro carcelario donde sin excepción reina el hacinamiento, desarrollen obras y labores que le permitan a las víctimas acceder a la verdad, recuperar sus tierras y lograr medidas de reivindicación de sus derechos. Acostumbrados al odio visceral y al discurso guerrista, se les olvida que justicia, incluso en materia penal, no implica estar detrás de unos barrotes, sino condenas donde no se dejen en la impunidad los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los máximos responsables de los grupos armados. En eso, está claro que la Corte Penal Internacional, que tendría competencia complementaria para conocer de estos crímenes, apoyaría un proceso de paz en Colombia siempre que los máximos responsables no fueren amnistiados por la comisión de estos hechos, y que el proceso fuere de la mano de lineamientos de justicia para alcanzar la paz sostenible. La Corte Penal Internacional hizo entender, en su último comunicado, que es necesario que haya justicia dentro de este proceso de paz, pero nos corresponde a nosotros como un Estado soberano, establecer las condenas penales a las que serán sometidos los actores del conflicto armado que se acojan a esa eventual jurisdicción especial.
Un preso le cuesta al país alrededor de 14 millones de pesos anualmente, lo equivalente a un año de carrera profesional en múltiples universidades, o lo que resulta más costoso y menos exitoso que un proceso de reintegración de un excombatiente a la sociedad civil. Ahora, si lo que verdaderamente se quiere es el fin del conflicto armado con miras a alcanzar la paz, no puede pensarse en un modelo de justicia que impida la reintegración de excombatientes a la sociedad, ello no solo sería incoherente, sino que haría imposible en plano de la realidad llegar a un acuerdo con la cúpula de las Farc.
En medio de este carnaval de opiniones y vanos discursos, hay inamovibles como la dejación de la lucha armada y el compromiso absoluto de las Farc para garantizar una verdadera justicia restaurativa para las víctimas. Frente a la oposición irracional que muchos defienden, hay que dejarlos hablar, al fin y al cabo son ellos los que han acelerado este proceso.
@tatidangond
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