Del dicho al hecho
“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice un refrán antediluviano, y en verdad que sí lo hay. En las variables coyunturas que a lo largo de la historia intermedian entre lo dicho y lo hecho han quedado amontonadas guerras y conciliaciones, propósitos y desidias, matrimonios y divorcios. En el trecho que separa las palabras de los actos se han transformado ideologías, religiones, opiniones, convicciones, preferencias sexuales y estructuras sociales. No hay manera de evitar todo aquello que sucede en lo que va del dicho al hecho y que devela al ser humano y su incoherencia natural, como no sea recurriendo a una inquebrantable voluntad. Digamos que la incoherencia es una cualidad congénita de los hombres que resulta frustrante, dado que los humanos somos seres sociales que existimos en relación con los demás; pero además, por extrañas razones, somos proclives a violar las reglas de respeto comunitario. Allí es donde debería implantarse la supremacía del Estado y de las leyes, “cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética”. Las leyes son la única manera de atajar los desenfrenos del hombre y, por tanto, frente a ellas el hombre está precisado a ser coherente. Sobre todo, si hay víctimas de por medio, que son quienes encarnan el grado de deterioro que aqueja a una sociedad.
Mientras en 2015 se imponía una histórica condena de 267 años de prisión para cada uno de los cinco hombres acusados del asesinato de once mujeres en Chihuahua, México, en Colombia, en el mismo año, un juez determinaba la libertad de Alejandro Cárdenas, alias JJ, argumentando que no había evidencias suficientes para proseguir con la investigación que lo vinculaba al secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya. La indignación en el país fue general y la Fiscalía se vio obligada a ordenar su recaptura. El presidente Santos dijo entonces: “No deja de ser un contrasentido que, mientras estamos transitando ese camino de reconocer y dignificar a todas nuestras víctimas, haya quedado en libertad uno de los principales implicados en el secuestro, tortura y violación de Jineth Bedoya”. Sí señor, un contrasentido, una incoherencia absoluta. Como también lo es que mientras el Senado sigue aprobando leyes que aumentan las penas para cualquier forma de violencia de género, por otro lado se dictan condenas como la emitida la semana anterior –nueve años y cinco meses– contra Fredy Valencia, el desadaptado que aceptó haber violado, matado y enterrado en Monserrate a María del Pilar Rincón, y a quien le quedan procesos pendientes por haber hecho lo mismo con diez mujeres más. Qué pena, pero la justicia colombiana sigue siendo un modelo lamentable de incoherencia en el que, del dicho al hecho, hay todavía un inmenso trecho.
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