La deslegitimación de la Corte Constitucional a partir del escándalo de Pretelt, además del manifiesto desprestigio que acarrea, demuestra la necesidad de una urgente reforma institucional que garantice la imparcialidad e independencia de los altos tribunales en Colombia. La denuncia del expresidente de la Corte Mauricio González, en la que asevera que Jorge Pretelt fue contactado por el abogado Víctor Pacheco para favorecer a Fidupetrol por medio de una tutela, dejó un sinsabor en aquellos que veían en la Corte Constitucional a una institución de avanzada, defensora de la Carta del 91 y ante todo efectiva a la hora de resolver controversias que el Congreso, por su inoperancia, le ha dejado al órgano juzgador.

El primer problema que salta a la vista es la politización de la rama judicial por medio de la elección de magistrados que en muchas ocasiones, más allá de su peso político o de su influencia regional, no cumplen méritos objetivos o altos estándares éticos para el ejercicio de la profesión. Tal es el caso de Jorge Pretelt, quien fue ternado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y elegido por el Senado de la República, dos órganos de representación política y con fuertes intereses en juego. Pretelt, teniendo una fuerte influencia en el departamento de Córdoba, hecho que jugó a su favor, es un magistrado que, por las condiciones meramente políticas de su elección, podría entorpecer la independencia que debe revestir de manera inexorable la rama judicial. Por otro lado, la facultad de la Corte Constitucional para revisar sentencias de tutela ha sido un cheque en blanco en el que la discrecionalidad con la que se toman estas decisiones por este tribunal deja un amplio margen para que los magistrados decidan a su arbitrio, o según sus intereses más afines, qué decisiones de tutela les conviene revisar.

Sin embargo, el problema que más suscita una reforma integral en la jurisdicción constitucional es el fenómeno de prostitución de la acción de tutela. El espíritu de la tutela, como mecanismo novedoso de la Constitución del 91, estaba dirigido como medio expedito de protección de los derechos fundamentales consagrados en este instrumento, por lo que parecería lógico que su espectro de acción se limitara a vulneraciones flagrantes de los derechos de los más débiles. No obstante, la tutela ha sido empleada erróneamente para controvertir decisiones que los afectados son multinacionales con poderío económico, o para revertir decisiones administrativas que deben ventilarse ante lo contencioso administrativo. Bajo ingeniosas tesis sostenidas por la Corte Constitucional, se han resuelto situaciones en las que se desnaturaliza la finalidad de la tutela, y en que –por manifiestas razones– cabe preguntarse cuál es el interés de los magistrados en resolver estos casos.

Pero de nada sirve que se blinde a los tribunales de incurrir en conflicto de interés, si por la investidura de los magistrados se vuelve un imposible perseguir sus actuaciones penalmente. Es ahí donde la Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá cumplir con su mandato constitucional y no limitarse a exonerar a presidentes corruptos por sus conocidas actuaciones al margen de la ley. Si se quiere recuperar la credibilidad de la Corte, se deberá resolver la investigación de Pretelt, de lo contrario la incertidumbre generalizada será una constante ante la opinión pública.   

@tatidangond