El año pasado, la Corte Constitucional falló a favor de la adopción de la hija de Ana Leiderman y Verónica Botero, dos madres que desde el 2009 lideran la batalla judicial por el derecho a la adopción igualitaria en Colombia. Aunque en los medios la decisión se presentó como un “fallo histórico”, para muchos resultó decepcionante, pues el fallo solo permite la adopción consentida, es decir, adopción en casos en que uno de los o las demandantes sea el padre o madre biológica del hijo, algo que en Colombia no estaba prohibido.

Desde el sonado caso de Chandler Burr quedó claro que la adopción individual para homosexuales está permitida en el país. La adopción consentida caía en una zona gris que se disipó con el fallo a favor de Leiderman y Botero. El caso de ambas mostró que en Colombia se dan, desde hace muchos años, familias en las que los padres o madres son parejas homosexuales; son vínculos de amor y de cuidado que ocurren con independencia del beneplácito de la Corte o la Procuraduría, y que han fundado familias estables con niños que crecen felices. El problema es que han estado todo este tiempo desprotegidos, pues si el padre o madre biológico falta, su pareja no puede hacerse cargo del hijo o tomar decisiones importantes. Sin embargo, la adopción consentida beneficia de manera desigual a las parejas de mujeres frente a las de hombres, pues en el primer caso resulta más fácil y probable que una de las dos sea la madre biológica del hijo.

Lo que se está discutiendo en estos momentos en la Corte Constitucional es la última frontera de la adopción igualitaria en Colombia: la adopción conjunta, en la cual ninguno de los adoptantes tiene que ser el padre o madre biológico del adoptado, una medida que beneficiaría a alrededor de 7.000 niños, que, según el último informe del ICBF, están en condiciones difícil de adopción por tener más de 7 años o alguna situación de discapacidad. “Un fallo a favor de la adopción simplemente diría que la orientación sexual de la persona, o de la pareja, no puede ser un elemento por el cual se excluya la posibilidad de adoptar. Así, cada vez que el ICBF tenga que estudiar un caso donde la pareja sea de homosexuales, sencillamente tendrá que revisar todos los requisitos normales que se necesitan para cualquier adopción”, dice Eliana Robles, la abogada de Colombia Diversa que está llevando el caso ante la Corte Constitucional.

A favor de la adopción igualitaria ya se han pronunciado el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Universidad del Norte, la Universidad de Medellín, la Javeriana (que es Pontificia), la Iglesia Luterana y organizaciones como DeJusticia, Diknos, la Comisión Colombiana de Juristas y Profamilia. En cambio, los conceptos en contra son escasos y para sorpresa de nadie vienen de la Procuraduría, la Universidad de la Sabana y de la Iglesia Católica. En Colombia, cada semana mueren de cuatro a cinco niños de hambre. Es evidente que el problema no tiene que ver con escasez de alimentos sino con un descuido y desamparo sistemático de la niñez en el país. En este contexto, cualquier decisión que entorpezca las posibilidad de que los niños y niñas de Colombia tengan un hogar estable y feliz es cruel y mezquina; ningún prejuicio absurdo debe interponerse ante el bienestar de la niñez.

@Catalinapordios