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Colombia

Finca de familia de embajador allanada entraría en extinción de dominio

Fernando Sanclemente había pedido el lunes pasado una licencia no remunerada a la Cancillería para “apoyar a su familia”.

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación informó este jueves en un comunicado que compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio del caso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína encontrados en una finca en Guasca, Cundinamarca, de propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.

El pasado lunes se conoció que el diplomático pidió formalmente una licencia no remunerada a la Cancillería para "apoyar a su familia" y el funcionario reconoció que en el lugar hay casas de recreo y una parte arrendada.

Y en un comunicado de la cartera de exteriores se lee que la propiedad en cuestión "ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros".

Así mismo, indica que "en 1987 se constituyó una Sociedad con la Familia Spiwack, propietaria de la Organización Dann, quedando cada una de las familias con el 50% de la participación sobre la misma".

Al respecto, Ángel Spiwak Knorpel emitió un comunicado en el que asegura que su hermano Boris, fallecido hace 15 años, fue socio en esa propiedad de la familia Sanclemente, pero afirma que no tienen relación con ellos desde entonces.

A mediados de este mes de febrero, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cinco hombres detenidos por los laboratorios: Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Yefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo Perilla.

Los cinco fueron imputados por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

El ente acusador indicó que las tres construcciones tenían una capacidad de procesar una tonelada de estupefacientes al mes y reportó además que la investigación tuvo origen en un informe presentado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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