Cancillería dice que ha hecho “más de 60 acciones” por los presos en Caracas
Respuesta a pedido de la Procuraduría por el drama de los connacionales. Los 58 colombianos siguen detenidos pese a la orden de libertad emitida por un juez.
Ante los requerimientos que el pasado 1 de diciembre le hiciera la Procuraduría General de la Nación a la Cancillería por el drama humanitario de los 59 colombianos, la mayoría costeños, presos en Venezuela desde hace más de un año y tres meses sin el debido proceso y acusados de "paramilitares", el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió esta semana en dos comunicaciones al Ministerio Público.
EL HERALDO conoció que la cartera diplomática, en la primera misiva, asegura que ha emprendido "60 acciones" para socorrer a los connacionales presos con evidentes irregularidades bajo el régimen de Caracas y no obstante a que existe una orden judicial desde el pasado 21 de noviembre que ordena la libertad inmediata de todos y cada uno de ellos.
Y en la segunda carta, el Ministerio de Relaciones Exteriores pone de presente sus "competencias jurídicas" para enfrentar la situación en el vecino país, ante lo ordenado por el ente de control disciplinario.
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La Procuraduría había pedido a la Cancillería "la adopción inmediata de acciones de asistencia jurídica, encaminadas a obtener la pronta liberación de 61 (59 permanecen) colombianos presos en Venezuela".
En la misiva, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le dijo a la canciller María Ángela Holguín que "no existe impedimento para brindar asistencia legal a este grupo de 61 connacionales y lograr la protección de sus derechos y su liberación inmediata".
Además, pide el Ministerio Público "diseñar, implementar y comunicar a este despacho las decisiones y acciones que al respecto adopte y adelante, respectivamente, dentro del marco de sus funciones, para garantizar la superación del estado de cosas de referencia para estos colombianos".
Recuerda el organismo de control que "es función de los asesores jurídicos orientar y hacer seguimiento a los procesos en que sean parte los colombianos que hayan solicitado asesoría a los consulados, actuando de manera institucional ante las autoridades competentes y no a manera de apoderado de estos".
Y reitera que los connacionales detenidos en Venezuela "no han sido acusados de ningún delito y pese a que un juez el pasado 21 de noviembre ordenó su libertad, las autoridades administrativas del vecino país indicaron que no cumplirían la sentencia".
El pasado 7 de diciembre, el grupo de detenidos recibió la visita del cónsul colombiano en la capital venezolana, Juan Colorado Correa, quien les informó que pasarían las fiestas decembrinas tras las rejas. Como incentivo, el diplomático prometió llevarles “buñuelos y empanadas” para Navidad, según testimonios de los reclusos.
La visita del cónsul fue calificada por varios de los detenidos como una “burla”, al tiempo que exigieron acciones concretas del Gobierno colombiano para recuperar su libertad
El cartagenero Edelberto Ramos Terán, uno de los 53 costeños que hacen parte del grupo, le manifestó a EL HERALDO que la visita se presentó en la mañana de ese jueves, y aseguró que hasta el centro de reclusión, ubicado en La Yaguara, suroeste de Caracas “llegó el cónsul y dos funcionarios más”, para convocar a una reunión, en la que "no vinieron a traernos una voz de esperanza, vinieron fue a humillarnos. Nos dijeron que no nos preocupáramos porque en Navidad nos iban a traer buñuelos y empanadas. Nosotros no estamos para eso. Queremos que nos ayuden a salir de acá”..
En similares condiciones fue recibido hace un par de semanas en el país el deportado Martín Gutiérrez Cera, quien al parecer fue dejado a su suerte una vez ingresó a territorio colombiano, pero a quien, según el Sistema Nacional de Migraciones, el Gobierno Nacional debía no solo facilitarle el acceso a los servicios de salud, asistencia social, asesoría jurídica y apoyo sicológico, y también debió recibir de los entes oficiales acciones de atención en reincorporación social y laboral del deportado.
Para este asunto, en Colombia rige la Ley 1465 de 2011, que creó el Sistema Nacional de Migraciones, que en su artículo 80, sobre "Plan de Retorno", se lee: "contemplará alianzas interinstltucionales y de cooperación, con el fin de brindar las herramientas necesarias para velar por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones para facilitar el acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendimientos y acceso a crédito pata proyectos productivos, creación de exenciones tributarias y estímulos impositivos y aduaneros, así como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y apoyo psicológico para los migrantes y su núcleo familiar".
