La sospechosa explosión demográfica de Boquerón
En seis meses, a este pueblo del Cesar han llegado 330 familias atraídas por indemnizaciones de las empresas mineras.
Hasta junio pasado, Boquerón, un pueblo olvidado en el centro del Cesar, tenía 900 habitantes, cifra que en menos de seis meses aumentó a 2.550 por la sorpresiva llegada de 1.650 foráneos que están terminando de construir sus casas en ladrillo y láminas de zinc.
Para los nativos, esta sospechosa explosión demográfica solo tiene una explicación: la inminente indemnización a los locales a la que están obligadas las empresas Drummond, CNR y Prodeco.
Lo anterior sobre la base de una resolución del Ministerio de Ambiente, que comprobó los altos niveles de contaminación del carbón en la zona de este corregimiento, jurisdicción de La Jagua de Ibirico.
Esta sobrepoblación del 183% es perceptible con solo dar un vistazo a las 12 calles del pueblo. A Boquerón han llegado familias, con cierta capacidad económica, a comprar patios y predios parcelados por sus dueños nativos, que han aprovechado la ‘bonanza’ de la tierra para tener ingresos, en medio de la pobreza que los aqueja.
Hasta 1995, cuando empezó el auge del carbón en este territorio, los locales vivían de la caza, la pesca y la agricultura, actividades que prácticamente desaparecieron con la expansión de las minas. Ahora, la informalidad es la principal fuente de ingresos.
El polvillo negro invadió el ambiente. Boquerón no tiene agua potable y la gente empezó a padecer enfermedades respiratorias, visuales y dermatológicas. Las estadísticas de la Secretaría de Salud del Cesar indican que en 2013 en el hospital de La Jagua de Ibirico fueron atendidas 5.900 consultas por afectaciones respiratorias.
Bajo este panorama, Boquerón, ubicado a 130 kilómetros de Valledupar, no parecería un lugar especialmente apetecido para vivir. Pero a comienzos de año, el escenario empezó a cambiar. (ver infografía)
Las tres multinacionales pagaron millonarias indemnizaciones a 172 familias en Plan Bonito. Es una vereda a escasos cinco kilómetros de allí, en jurisdicción del municipio de El Paso, que también debió ser reubicada por la afectación de la minería a gran escala.
Una de las raizales, Isnelis Acuña, precisa que “las familias que llegaron de afuera compraron lotes y construyen casas de material. Pretenden favorecerse con el reasentamiento”, asegura.
El masivo arribo convirtió a Boquerón en territorio de contrastes: mientras aún permanecen las casas de barro con techo de zinc, propias de las familias tradicionales, otros edifican con ladrillos, bloques, cemento y ventanales de vidrio.
La tierra se valorizó. En Boquerón, la construcción se ‘disparó’ e incluso hoy se observan carros último modelo por las destapadas calles, por las que tradicionalmente han transitado los lugareños a pie o a lomo de burro.
El precio de la tierra también subió: ahora un patio de no más de cuatro metros cuadrados cuesta hasta 7 millones de pesos, cuando hace seis meses no superaba el millón de pesos.
Contrario a lo que muchos de los recién llegados creen, el proceso de reasentamiento no será tan fácil. De hecho, el de Boquerón es el más dilatado: no se ha hecho un censo formal de los habitantes, ni de la topografía del lugar, requisitos necesarios para arrancar. Las multinacionales no han cumplido con los plazos porque los habitantes de Boquerón y El Hatillo, otro corregimiento golpeado por la contaminación en el municipio de El Paso, debían haber salido en 2012.
El secretario de Gobierno de La Jagua de Ibirico, Luis Montaño, explica que el reasentamiento implica sacar a la comunidad en bloque del área de contaminación y trasladarla a un territorio con ambiente sano, garantizándoles toda la estructura en materia de salud, educación, vivienda y servicios públicos.
En 2013, la Contraloría General de la Nación conceptuó que el Ministerio de Ambiente obró equivocadamente al conceder licencia ambiental para los proyectos mineros sin antes exigir que se efectuara el reasentamiento.
Los nuevos habitantes de Boquerón son personas como Denis Arias, que llegó hace tres meses a un rancho de barro. Ella dice que vivía en el pueblo hace diez años. “Me fui a la casa de uno de mis hijos en Plan Bonito, pero él la vendió y a mí me tocó regresar”.
Otra mujer que construye su nueva casa y que prefirió no decir su nombre, contó que el lote lo recibió por una herencia. “Yo vivía en La Jagua de Ibirico, pero mis padres me dieron este lote”.
El proceso se ha dilatado
En agosto de 2010, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1525 para resolver una apelación de las empresas mineras a la Resolución 0970, que adjudica un porcentaje de responsabilidad a cada compañía frente al reasentamiento Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito.
El compromiso de las mineras es financiar el proceso, contratar un operador y la interventoría. Un año después de esas resoluciones, las multinacionales no habían avanzado, por lo que el ministerio les impuso una medida preventiva de amonestación escrita y las conminó a seguir con el proceso.
Entonces, contrataron como operador al Fonade y como interventor a la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica, Cetec, para iniciar los acercamientos con las comunidades y hacer el censo poblacional. Todo fracasó porque no hubo claridad en la participación de la población. En 2012 se contrató como nuevo operador a la firma canadiense Replán, con la que se retomó el proceso.
Para la Drummond el principal inconveniente ha sido el plazo fijado por el Minambiente. “Son técnicamente imposibles de cumplir, en promedio se requiere mínimo de uno a dos años para estructurar el Plan de Acción de Reasentamiento, y de dos a tres años para implementarlo. Esto generó malestar en las poblaciones, resistencia y desconfianza por la dificultad de explicarles que esos procesos no se podían ejecutar en ese tiempo y se iban a demorar mucho más”, afirmó la compañía minera.
