Con el advenimiento del nuevo año ha entrado en vigencia el nuevo código penitenciario y así mismo se están dando los pasos encaminados a reformar el Sistema Penal Acusatorio, cuya iniciativa está a cargo del fiscal general, del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del ministro de Justicia.

De la primera, que como ya lo he anotado, está en vigencia, se espera que de 7.000 a 9.000 reclusos salgan libres de las cárceles del país, siempre y cuando hayan cometidos delitos menores, como el hurto simple, falsedad de documento privado, inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno, homicidio culposo, lesiones personales, y también que los reos no tengan antecedentes judiciales.

Los opositores a esta medida alegan que con la aplicación de esta medida se vería afectada la seguridad ciudadana por la masiva excarcelación de los reclusos; lo contrario dicen otros sectores que afirman que con esta medida se bajará ostensiblemente el hacinamiento en los centros de reclusión del país, y se evitaría las tragedias que hace pocos días se presentó en la cárcel Modelo de esta ciudad. Por otro lado, y quienes tienen que ver directamente con la justicia penal, reconocen que el Sistema Penal Acusatorio tiene fallas que son sumamente preocupantes, por lo que sería necesario hacer una cirugía al Código de Procedimiento Penal.

En el entretanto y mientras se decanta la reforma en su totalidad, la polémica ya se prendió, al no verse con buenos ojos la eliminación de esas audiencias y que con el principio de la oportunidad se estaría flexibilizando demasiado la justicia penal en el país.

Valmiro De la Hoz Cantillo