La ‘ciudad de las mujeres’

Por qué solo mujeres?”, les pregunto. “Porque nosotras somos más positivas, nosotras llevamos años trabajando en este proyecto y nos decían: ¡eso es gastarse las chancletas, mejor vayan a conseguir marido! Pero aquí estamos con todos los tropezones que nos han tocado.” Entonces, “¿qué papel juegan los hombres en la comunidad?”, les pregunto de nuevo. “Son los compañeros de las miembras.” Se ríen.

En una esquina del municipio de Turbaco un grupo de mujeres, defensoras de derechos humanos, construyeron juntas y en resistencia lo que hoy se conoce como La Ciudad de las Mujeres: 98 casas de 78 metros cuadrados, cada una con dos habitaciones, sala, cocina, baño y patio de ropas.

Construyeron el barrio con sus propias manos, reunieron el dinero para comprar el lote, hicieron el trazado, cavaron la tierra, levantaron las paredes, mezclaron el cemento; son un modelo ejemplar de autoconstrucción y autogestión.

Origen. Todo comenzó en 1998 en uno de los barrios más pobres de Cartagena: El Pozón. Allí no llegan los servicios públicos, hay inundaciones periódicas que acaban con las casas y las posesiones de sus habitantes. Es uno de los barrios que les queda a los migrantes y desplazados, que llegan huyendo de la violencia para volver a encontrarla. Las mujeres de La Liga de Mujeres Desplazadas, la organización que hace más de 10 años las unió en la lucha por sus derechos, saben muy bien lo que eso significa. “En el cuerpo de las mujeres se refleja más toda esa carga del desplazamiento. Nosotras somos las que protegemos, las que agarramos a los niños y salimos corriendo de la casa”, me cuenta Deyanira Reyes Ramos.

El barrio el Pozón era como una pequeña Colombia, a donde llegaron mujeres de todos los rincones del país. “Yo vivía en Aguas Blancas, Cesar, en una finca. Allá asesinaron a mi papá”, cuenta una. “Yo tenía mis seis niños y a mí me tocó huir varias veces para no dejarme violar”, dice otra. “Yo vivía en Antioquia y llegué a Cartagena en el 96 porque asesinaron a mi mamá”. “Yo soy de San José del Playón, en mi pueblo tienen esos poblados de palma de aceite, grande; a nosotros nos fueron desplazando así de a poquito, quemaban carros, todo era para que la gente saliera, y ahora compran la tierra barata las multinacionales porque nadie vive ahí, eso no es de nadie”.

“Mi marido, que era de por acá, de Sucre, me dijo vámonos pa’ Cartagena, cerremos los ojos y volemos”, cuenta Eberlides Almanza, que con sus 60 años es una de las “miembras” más antiguas de La Liga.

“No digo que los hombres no son violados pero las mujeres somos más víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Las mujeres somos obligadas a atender a los militares, a la guerrilla. Y los militares también han sido perpetradores de hechos contra las mujeres. Todo ese peso ha caído sobre nosotras, y muchas mujeres en ese cuerpo han muerto de pena moral”, explica Deyanira Reyes. De pena moral, dicen, murió su vecina Olivia Palacios cuando aún vivían en El Pozón.

Las mujeres hicieron su primera acción colectiva y organizada al recoger fondos para el cajón. Luego de varios intentos y ante la angustia del cuerpo en descomposición, lograron que la alcaldía les diera un ataúd para Palacios. Con esa primera acción, se dieron cuenta de que podían organizarse de manera efectiva para exigir sus derechos.

La Liga de Mujeres Desplazadas es, probablemente, la organización de desplazados más exitosa de Colombia, aunque es mucho más conocida a nivel internacional que dentro del país. Ha ganado el Premio Nacional de Paz de la Fiederich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), recibió un reconocimiento de la Fundación Global para las mujeres en Nueva York y los premios Procomún de Eternit, Luis Carlos Galán de Derechos Humanos, Sofasa Renault, y el II Premio Rey de España de Derechos Humanos. Es la única organización suramericana que hace parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que acaba de ser reconocida con el premio en Derechos Humanos Letelier-Moffitt. "La Liga de Mujeres Desplazadas es una muestra del papel indispensable de las mujeres en la construcción de una paz verdadera, de una paz que reconstruya el tejido social y asegure la dignidad de todos y todas", dice Marusia López Cruz, directora regional de la organización feminista JASS (Asociadas por lo Justo) y experta internacional en género.

Aspecto de una de las calles del barrio construido por el grupo de víctimas.

Recursos. En 1998, la abogada feminista Patricia Guerrero llegó a Cartagena y empezó a trabajar con mujeres desplazadas. “Con toda esta sensibilidad acumulada literalmente comencé a perseguirlas por las calles, entablando con ellas un diálogo muy básico sobre su situación, su origen, las causas de sus desplazamiento, etc. El primer acercamiento a ellas lo hice por medio de una maestra muy conocida del barrio El Pozón, que me puso en contacto con el padre jesuita Efraín Aldana, toda una institución en Cartagena”, cuenta Guerrero.

Junto con Guerrero, La Liga hizo un video para recaudar fondos para la organización: May Our Voices not Fall into the Void (Que nuestras voces no caigan en el vacío).

En 1999 ya tenían personería jurídica y en enero de 2011 realizaron un primer encuentro al que asistieron 109 mujeres desplazadas de todo el país. También empezaron a hacer capacitaciones y talleres de derechos humanos. Al empezar a perfilarse como un grupo fuerte recibieron amenazas. La violencia en El Pozón se recrudecía por disputas entre guerrilleros y paramilitares; aumentaron la prostitución, los expendios de drogas y los asesinatos de “limpieza social”. Dos mujeres de La Liga fueron violadas en circunstancias confusas y los hijos de otras fueron víctimas de reclutamiento forzado.

En 2003, Guerrero ganó una beca para tomar un curso sobre “Advocacy” en derechos humanos en la Universidad de Columbia. Allí diseñó varios proyectos usando la experiencia con la Liga de Mujeres Desplazadas y, gracias a una visita de los becarios al Congreso estadounidense, logró que la agencia de cooperación internacional Usaid le diera 500 mil dólares a la Liga para que pudieran tener casas propias y acabaran con su itinerancia.

“Yo le digo la paloma blanca porque ella siempre que sale trae buenas noticias”, dice Eberlides Almanza.

En 2004 arrancó el proceso que culminó en la ciudadela que hoy llaman La Ciudad de las Mujeres. La Liga también gestionó fondos de vivienda del gobierno colombiano para completar el dinero necesario para la construcción de las casas. Se postularon 159 mujeres para el subsidio de vivienda. El 5 de noviembre de ese año, 98 mujeres de la Liga fueron seleccionadas. Ellas iniciaron un complejo proyecto de autoconstrucción que comprendía proyectos paralelos: una Unidad de Producción Industrial que hacía los bloques para la obra y se los vendía al constructor (para hacerlos, las mujeres fueron capacitadas por el Sena); y la Unidad de Producción de Alimentos que, en terrenos alquilados, cultivaba y producía los alimentos para las obreras y obreros.

“Nos ha capacitado el Sena en tejidos, panadería. En los proyectos productivos se capacitaron mujeres en hortalizas, en sembrar maíz. Mujeres tirando machete como cualquier hombre, mujeres que saben sembrar una mata de yuca”. Además de capacitarse, las mujeres hicieron una organizada división del trabajo.

“Formalizamos una cooperativa: Mujercom, Unidad Integral de Mujeres, que producía los alimentos. Otras se capacitaron como conciliadoras. Yo soy conciliadora, cuando se presenta un conflicto en nuestra comunidad, nosotras mismas conciliamos. La clave para que los conflictos se resuelvan rápido es que hay que escuchar a las dos partes, se llega a un acuerdo, se firma y ahí queda el problema”. Las palabras de Almanza evidencian que la Liga de Mujeres se piensa como grupo. El afán de supervivencia no ha dañado el trabajo comunitario, al contrario, se nutre de un esfuerzo colectivo y organizado.

Hoy, todas las mujeres son orgullosas propietarias de sus casas, y aunque algunas viven en Cartagena para estar más cerca de sus sitios de trabajo, tienen la tranquilidad de tener una casa propia, una profunda reparación, real y simbólica, para cualquier persona desplazada.

Contraataque. El asentamiento en Turbaco coincidió con una época de inseguridad creciente y la Liga de nuevo recibió amenazas. El 19 de mayo de 2005 fue asesinado Julio Miguel Pérez, la persona que cuidaba la fábrica de bloques de la Liga y esposo de una de las beneficiarias, Simona Velásquez. Su asesinato sigue impune y fue un duro e intimidante golpe para la organización. También, ellas cuentan que hombres desconocidos en motos cercaban el barrio tomándoles fotos y video. En octubre del mismo año desapareció Rafael Torres, sobrino de Nemecia Cerda, una de las beneficiarias, administradora del refugio infantil. En diciembre de 2007 personas no identificadas incendiaron el salón comunal del barrio donde tenían una panadería y comedor comunitario. El incendio coincidió con la visita a Cartagena del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Jan Egland, que presionó para que la Acnur ayudará a recoger fondos para la reconstrucción del salón.

Otra queja de las mujeres es la falta de apoyo institucional. “Yo pienso que las administraciones no nos quieren, porque nosotros denunciamos, exigimos nuestros derechos, tocamos puertas”. Además, las mujeres ejercen veeduría ciudadana.

“Tú sabes que hoy vienen recursos para las víctimas y nunca llegan, entonces nosotras armamos un comité de veeduría en el municipio, y yo, por ejemplo, hago parte de la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar y de la Mesa Municipal de Turbaco”, continúa Almanza, mostrando lo “incómodas” que llegan a resultar las víctimas que entienden de derechos humanos.

Las ayudas humanitarias que reciben los desplazados en Colombia dependen de la Unidad nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, y están condicionadas a turnos, que muchas veces son solo dos al año. Comprenden apoyo para el arriendo y la alimentación pero no solucionan los problemas de fondo de sostenibilidad que enfrenta esta población. Cuando las mujeres desplazadas llegan a una ciudad, suelen convertirse en cabezas de hogar. Esto sucede o bien porque han muerto sus padres o parejas o porque, al llegar a las urbes, pueden conseguir trabajo replicando las labores domésticas que hacían en su contexto original, mientras que las labores que los hombres hacían en el campo son poco apreciadas en la ciudad. Esto tiene repercusiones económicas para los hogares y dificulta las relaciones conyugales, un cambio de roles que puede generar violencia intrafamiliar.

Una placa que conmemora la fundación de la Liga se puede ver en una esquina de Turbaco.

Proyectos. A pesar de que ha logrado tantas cosas y de ser un ejemplo para las organizaciones de víctimas del país, la Liga sigue teniendo como problema el poder generar recursos propios, pues aún mantiene una alta dependencia de los subsidios del Estado. Las mujeres han hecho numerosos intentos por generar ingresos por cuenta propia y han participado en proyectos productivos de capacitación, sin embargo, muchas de estas iniciativas han fracasado y muchas aún dependen de su trabajo en el servicio doméstico u otras labores informales que no son suficientes para sostener un hogar.

El próximo proyecto de la Liga es reunir fondos para comprar tierra que puedan cultivar, y así, tener una verdadera economía sostenible al interior de su comunidad.

En opinión de María Carolina Morales Buelvas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura Cartagena y exasesora para el diseño de la política pública de atención y prevención de desplazamiento a cargo de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, los principales obstáculos de la población desplazada cuando llega a la ciudad tienen que ver con “poder acceder a servicios sociales básicos por el desconocimiento de sus derechos y las rutas de atención. El goce efectivo de los derechos a la seguridad alimentaria, el alojamiento temporal es casi nulo en la primera fase del desplazamiento, y el derecho que menos garantías presenta en términos de acceso es la vivienda. Los programas son los menos eficientes”.

Es en esa medida que la Liga de Mujeres Desplazadas se convierte en un modelo ejemplar. Son mujeres de todo el país que se capacitaron en derechos humanos y que saben navegar jurisprudencias internacionales e internacionales, que conocen mecanismos para exigir garantías y que no se dejan meter los dedos en la boca. También han hecho avances increíbles en lo que respecta a la vivienda y la seguridad alimentaria. Los obstáculos a los que aún se enfrentan muestran la necesidad de que el Estado colombiano oriente sus programas para desplazados a capacitaciones que les permitan crear proyectos de emprendimiento productivo, de manera que logren adaptarse a los nuevos contextos de las ciudades con ejercicios sostenibles que les permitan alcanzar independencia económica.

La Liga también evidencia que el apoyo internacional ha sido más efectivo que los programas locales, y su caso tendría que ser usado para el diseño de políticas más efectivas para el contexto actual, y ante un posible posconflicto. Pero, ante todo, las mujeres de la Liga son un paradigma de empoderamiento y trabajo en equipo, un testimonio de la importancia que tiene el trabajo con mujeres para garantizar la restauración de los derechos de la inmensa población desplazada en Colombia.