El Heraldo
Esta es la oficina de Instrumentos Públicos, en el Centro Histórico de Cartagena.
Bolívar

Casa por cárcel para dos exfuncionarios de Instrumentos Públicos

Está relacionado con la compra de lotes para Transcaribe.

Con medida de detención domiciliaria fueron cobijados Claudia Patricia Bohórquez y Lewis Caraballo Torres, exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

La decisión fue proferida por un juez de control de garantías de Cartagena, que acogió los argumentos de la Fiscalía 16 Seccional.

Según las investigaciones, existieron presuntas irregularidades en la compra de predios para ampliar la ruta del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe S.A.

Bohórquez y Caraballo, dice la Fiscalía, eran los encargados de los estudios de títulos y escrituras de los predios, que eran, públicos, pero finalmente certificaron como privados sin el lleno de los requisitos.

La Fiscalía dio a conocer que las labores de Bohórquez, como jurídica de la Oficina de Instrumentos Públicos, al igual que de Caraballo, como calificador, les permitieron inscribir escrituras públicas en las que se habrían presentado las presuntas irregularidades.

“Se hicieron aclaraciones de linderos y medidas que incrementaron injustificadamente sus áreas en considerables metros cuadrados, los cuales posteriormente le vendieron a Transcaribe y recayeron materialmente sobre espacio público”, dijo la Fiscalía en comunicado de prensa.

Los dos exfuncionarios son investigados por la supuesta violación del Decreto Ley 1250 de 1970, la instructiva 03 de 2007 (Superintendencia de Notariado y Registro) y la instructiva conjunta de 2010 (IGAC y Superintendencia de Notariado y Registro).

“La inscripción de aquellos documentos (escritura públicas de aclaración de linderos y medidas) no contenían protocolizadas las resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tal como lo dispone la norma. Esta situación es conocida por los imputados, ya que el estudio de esos documentos formaba parte de su labor”,  añadió la Fiscalía.

Añade que la presunta responsabilidad de los exfuncionarios recae en que “debieron rechazar mediante una nota devolutiva y no inscribir las citadas resoluciones, debido a que estas conductas facilitaron que les fueran  entregadas  a particulares más de $2 mil 200 millones, desfavoreciendo a Transcaribe”.

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